Monday, November 15, 2010

Paro




El mercado laboral es un sistema muy complejo cuyo funcionamiento depende de multitud de variables que van desde el tipo de modelo productivo en el que opera, al sistema educativo que capacita su capital humano, pasando por las estrategias locales de colocación, el reciclaje de los trabajadores que han perdido su empleo o el importe y duración de las prestaciones que perciben los trabajadores desempleados. Por citar solo algunas.

Hace bien el Gobierno de España en llevar a primer término el debate sobre las políticas activas de empleo dado que el paro es la primera preocupación de los ciudadanos y uno de los problemas económicos y sociales más apremiantes que aquejan a nuestro país. El Consejo Territorial del PSOE se reunió bajo la presidencia de Zapatero y del nuevo ministro de trabajo para introducir en la agenda un debate de importancia decisiva en el actual momento. También la Fundación Ideas para el Progreso ha elaborado el informe Políticas activas de empleo, situación en Europa y propuestas para España

Simplificadamente podría decirse que las políticas activas de empleo son aquellas que persiguen el objetivo de introducir al trabajador del modo más eficiente en el mercado de trabajo, mientras que las políticas pasivas de empleo son aquellas que tienen el objetivo de protegerle socialmente en el supuesto de que haya sido involuntariamente expulsado de él. Desde el punto de vista competencial la ejecución de las políticas activas es competencia de las comunidades autónomas, mientras que las políticas pasivas son competencia del Estado. Dicho de otro modo, con la vigente distribución competencial el Estado es responsable de abonar prestaciones por desempleo a aquellos trabajadores a los que sus comunidades autónomas no han podido proporcionarles un empleo.

De esta perspectiva competencial deriva un doble sistema de evaluación en relación al problema del desempleo ya que una cosa es que las políticas activas funcionen de forma eficiente y sean capaces de ajustar la oferta y la demanda laboral, y otra cosa bien distinta es que el sistema de protección al desempleado pueda considerarse suficientemente justo y eficaz.

Las políticas pasivas deberían en principio ser objeto de un único sistema de evaluación porque son responsabilidad de un único agente, el Estado. Asimismo su marco de análisis comparado debe ser el de las mismas políticas en otros países. Sin embargo, la ejecución de las políticas activas de empleo requeriría tantos sistemas de evaluación como comunidades autónomas y el marco razonable para el análisis comparado sería entre regiones del mismo país.

Es muy importante señalar que en el tercer trimestre de 2010, el máximo paro diferencial entre comunidades autónomas en España fue del 18,7%. Es decir, que casi diecinueve puntos separan la máxima tasa de 28,7% de paro de la Comunidad Canaria (gobernada por los regionalistas en coalición con el PP hasta hace pocas semanas), de los 10 puntos de la tasa mínima que se registran en el País Vasco (gobernada por los socialistas).

La manifiesta desproporción entre las cifras autonómicas de paro es bastante expresiva, en general, del margen económico de maniobra de los gobiernos regionales y en particular, de la elevada repercusión que el modelo productivo regional y las políticas activas de empleo en cada territorio (el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana las recoge como competencia exclusiva de la Generalitat en su artículo 49) tienen en las estadísticas finales sobre el paro de cada Comunidad.

Introducida en el debate la dimensión de las políticas activas, el problema del paro asigna a cada uno de los actores políticos, económicos y sociales, una nueva posición en la que cada cual debe dar cuentas de su parte de responsabilidad y fundamentalmente trabajar en la aportación de la parte de la alternativa que le corresponda. Cualquier debate serio sobre el paro exige no solo analizar el componente regional del desempleo, sino contemplar en panorámica todas las debilidades e incongruencias de que adolece el mercado laboral con carácter totalmente previo al frustrante momento en que se destruye un puesto de trabajo y entran en juego las políticas pasivas de empleo.

Pese a las insistentes y cínicas acusaciones del PP que intentan presentar a Zapatero como un presidente sin sensibilidad social (el ajuste español supone el recorte de 15.000 millones de euros, mientras que Rajoy propone emular el plan de Cameron que recorta 91.000), el compromiso presupuestario en prestaciones por desempleo del Gobierno Central no ha hecho más que incrementarse. Solo entre 2008 y 2009 se incrementó en un 50%.

El nuevo escenario abierto con el trasfondo de este debate sobre las políticas activas pone sobre la mesa la necesidad de realizar análisis mucho más complejos e integrados de la situación y de instrumentar soluciones que huyan del simplismo y que piensen las reformas en la exigencia de toda su amplitud. El Gobierno se apropia ahora del debate desde una perspectiva que obliga a comunidades autónomas, patronal y sindicatos a hacer esfuerzos mucho mayores de coherencia e imaginación.



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