Monday, December 4, 2006

Valencia ha perdido más de 30 equipamientos con las modificaciones del PP en el PGOU

Cerca de 25 parcelas escolares se han recalificado para construir iglesias, viviendas u oficinas.
Lejos de ser un documento improvisado, el Plan pspv-psoeval de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia nació como fruto de la reflexión de muchos años, y la colaboración muy diversas entidades. Con los votos en contra del PP, el PGOU se aprobó en 1989 y, con él, se diseñó la ciudad en la que se convertiría la capital del Túria; se definieron los espacios en que se viviría; el número de personas que habitarían en ellos y, así, la cantidad de equipamientos que requerirían y el lugar idóneo donde situarlos en cada barrio y en cada zona.


Desde entonces prácticamente, han sido los sucesivos gobiernos de Rita Barberá -alcaldesa desde 1991- los que, durante los últimos dieciséis años, han desarrollado el Plan pspv-psoeval contra el que el que se postuló. En ese tiempo, el documento ha sufrido más de un centenar de modificaciones que, en opinión de los grupos de la oposición, nunca han sido para mejorarlo. En estos cambios la ciudad ha perdido parcelas en las que se debían construir más de una treintena de los equipamientos públicos, la mayoría de ellos escolares, de todos los que se pensaron en el PGOU para una población de 850.000 habitantes.
En concreto, alrededor de 25 parcelas escolares se han recalificado para convertirse en iglesias -como la de la calle José Andreu Alabarta-; en oficinas municipales -como la de Méndez Núñez-; o en viviendas -es el caso de las tres parcelas que se le permutaron a la empresa DUNE-, entre otras. El PGOU reservó además unos 30 pequeños solares, de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, para escuelas infantiles públicas, de las que no se ha ejecutado ninguna.
La misma suerte han corrido otros servicios públicos, como el que se grafió en la calle Asturias y que pasó a ser espacio libre privado para albergar un club de tenis; el que cabía en La Lanera, convertida en hotel privado; en los chalés protegidos de la calle Miniaturista Messeguer de Benimàmet, que se han rehabilitado como viviendas privadas; o en el edificio de Tabacalera, que ha pasado de uso industrial a administrativo y residencial, donde se harán 300 viviendas. Más recientemente Barberá ha autorizado la ampliación de una gasolinera junto a la Pista de Silla, donde estaba previsto hacer un jardín. El PSPV ya ha alertado de las consecuencias de estos cambios de uso del suelo que conllevan pérdidas de servicios públicos, aumentan la densidad demográfica al prever en muchos casos más viviendas, y dejan una Valencia «inacabada». Hace días el portavoz del PSPV, Rafael Rubio, pidió a Barberá que no renuncie a más parcelas dotacionales sin hacer un estudio previo de las necesidades de los barrios. Los socialistas advierten de que, cuando la ciudad esté al 100% de la población para la que se pensó el PGOU, faltarán equipamientos, y espacios donde construirlos.

Sin ejecutar

A esto se suma que, cuando el desarrollo residencial de la ciudad está cerca de completarse, el ritmo de construcción de los servicios públicos previstos para esta población dista mucho del nivel de ejecución de viviendas. Según los datos que maneja la oposición, el ayuntamiento tiene pendientes de expropiación para ejecutar servicios públicos, colegios y zonas verdes, alrededor de 1,7 millones de metros cuadrados.
Mientras tanto, en muchas de las parcelas que el PGOU grafió para equipamientos, el ayuntamiento permite determinados usos -como el lavadero de coches junto al Parque de Benicalap-, o se han ido construyendo jardines provisionales a los que, con el tiempo, los vecinos se niegan a renunciar, y que son motivo de conflicto.
LEVANTE



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