Wednesday, September 23, 2020

EL PLENO PIDE RECUPERAR EL ANTERIOR REAL DECRETO POR EL QUE VALÈNCIA RECIBIRÍA 113 MILLONES Y AYUDAS AL TRANSPORTE

Sandra Gómez:

La vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha puesto en valor “la capacidad de alcanzar acuerdos y consensuar medidas que permitan que lleguen más recursos a la ciudad”. Gómez ha reconocido que a lo largo de estas semanas los partidos del Rialto habían manifestado “discrepancias” sobre el Real Decreto de Remanentes y ha lamentado que la oposición “haya intentado, con una actitud infantil, convocar un pleno extraordinario para visibilizar las diferencias”.
“Este es un gobierno fuerte que no siempre tiene que estar de acuerdo en todo pero que siempre hace el esfuerzo de buscar espacios comunes”, ha remarcado. Por ello, ha explicado que se ha acordado “una moción conjunta que pide recuperar el anterior Real Decreto a través de uno nuevo que incluya también los puntos que nos posibilitaban utilizar los remanentes y los fondos de ayudas directas y al transporte”.
Gómez ha lamentado que la oposición “haya planteado un pleno para debatir sobre el tiempo perdido por su rechazo al RD, en lugar de poder abordar dónde destinar los fondos que el Gobierno había puesto al servicio de los ayuntamientos”. En su intervención en el pleno, Gómez ha señalado que este nuevo documento es una vuelta al decreto que permitiría disponer de 5.000 millones de euros de los cuales 113 serían para València.
En el documento aprobado esta mañana en el pleno municipal, se pide al Ministerio que redacte un nuevo decreto sobre los remanentes que se base en los criterios fijados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de manera unánime. Además, pide la apertura urgente de un proceso de diálogo entre el Ministerio de Hacienda y las entidades locales que permitan recuperar el fondo de 5.000 millones propuesto, así como el resto de aportaciones incluidas en el Real Decreto rechazado.
En el texto conjunto se incide en que las nuevas negociaciones deben respetar tanto el fondo de 5.000 millones a repartir entre los consistorios como el de 1.000 millones para el transporte que se incorporaban en el decreto que fue rechazado en el Congreso.



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