Wednesday, April 6, 2011

Camps y Barberá continúan sin reconocer los derechos de 9.865 dependientes en la ciudad de Valencia

Such informa de que sólo el 41,% de los solicitantes tiene ya reconocidas las ayudas o prestaciones previstas por la ley, por lo que exige una reunión urgente de la Comisión Especial para la Promoción de la Autonomía Personal y Atenciones a Personas en Situación de Dependencia del Consejo de Acción Social, que no se reúne desde hace un año y medio

El Grupo Municipal Socialista denunció hoy que sólo uno de cada tres vecinos dependientes de la ciudad de Valencia que han solicitado acogerse a los beneficios previstos por la Ley de Dependencia tienen ya reconocidos las ayudas o prestaciones previstas por la norma. El concejal Julio Such explicó que, según los datos facilitados por el propio equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas planteadas en el pleno de marzo, el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat 9.865 solicitudes de discapacitados y mayores vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y cobrar las ayudas contempladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia

El edil informó de que sólo el 41,4% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, pues sólo se han resuelto las peticiones presentadas por 6.987 vecinos, pese a haberse registrado 16.852 solicitudes. “La estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat Valenciana impide que los vecinos de la ciudad se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar”, lamentó.

Por todo ello, Such reclamó una reunión urgente de la Comisión de la Autonomía Personal y Atenciones a Personas en Situación de Dependencia, creado en el seno del Consejo de Acción Social y que sólo se ha reunido dos veces, la última hace ya un año y medio, el 7 de septiembre de 2009. Dicha reunión fue convocada a instancias del propio Grupo Municipal Socialista, que lo solicitó en una moción presentada el 20 de mayo de 2009, un año después de que el 8 de septiembre de 2008 se reuniera por primera vez, después de que el Consejo de Acción Social aprobara su constitución el 7 de julio de ese mismo año a raíz de una moción también presentada por los socialistas en el pleno de diciembre de 2007.

La Comisión Especial para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia está formada por un representante del equipo de gobierno, uno del Grupo Municipal Popular, otro del Grupo Municipal Socialista, tres técnicos municipales, dos representantes sindicales de UGT y CC.OO, dos miembros de la Confederación Empresarial Valenciana, un representante de la Universitat de València, un representante de la Diputación, el Defensor del Mayor, dos representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, un representante de la Unión Democrática de Pensionistas y el de los Centros Municipales de Actividades para Personas Mayores, un miembro de Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, un representante de la ONCE, la coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, un representante de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, otro de la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental, un representante de la asociación Amas de Casa TYRYUS y un miembro de Cruz Roja.

Obstáculos a la tramitación de las solicitudes

El representante socialista recordó que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al Ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social. Tras recibir dicha valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan Individual de Atención. Después, el Ayuntamiento negocia el PIA definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo a la Generalitat para que determine y reconozca qué servicios debe prestar cada administración.

Such informó de que, de acuerdo con las cifras suministradas por el equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas presentadas al pleno de diciembre, la Generalitat ha registrado 16.852 solicitudes, de las que sólo ha remitido al Ayuntamiento 12.201 para que realice el informe de entorno social. A su vez, el consistorio ha realizado sólo 10.711, con lo que existe un atasco en los servicios municipales de 1.490 solicitudes. De los 10.711 informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento a la Generalitat, la Generalitat sólo ha remitido 7.303 propuestas de planes individuales de atención, de las que el consistorio ha negociado con los interesados 6.987.

“El empecinamiento de Camps y Barberá en la obstaculización de la Ley de Dependencia priva a miles de valencianos de las ayudas y prestaciones previstas por el Gobierno de España”, lamentó el concejal, quien atribuyó la situación a “las pocas facilidades dadas por el Ayuntamiento para presentar la solicitud, la desidia de la Generalitat y la escasez de técnicos en los servicios sociales municipales”. “Exigimos que refuerce la plantilla y presupuesto de los servicios sociales y que exija a Camps que desbloquee la aplicación de la ley”, afirmó el edil.



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