Tuesday, January 18, 2011

Camps y Barberá continúan sin reconocer los derechos de 10.300 dependientes en la ciudad de Valencia

Such: “El empecinamiento de Camps y Barberá en la obstaculización de la Ley de Dependencia priva a miles de valencianos de las ayudas y prestaciones previstas por el Gobierno de España”

El Grupo Municipal Socialista denunció hoy que sólo uno de cada tres vecinos dependientes de la ciudad de Valencia que han solicitado acogerse a los beneficios previstos por la Ley de Dependencia tienen ya reconocidos las ayudas o prestaciones previstas por la norma. El concejal Julio Such explicó que, según los datos facilitados por el propio equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas planteadas en el pleno de diciembre, el Partido Popular tiene atascadas en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat 10.299 solicitudes de discapacitados y mayores vecinos de la ciudad para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y cobrar las ayudas contempladas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia

El edil informó de que sólo el 36,5% de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, pues sólo se han resuelto las peticiones presentadas por 5.932 vecinos, pese a haberse registrado 16.231 solicitudes. “La estrategia del PP de obstaculizar el desarrollo de la norma en la Comunitat Valenciana impida que los vecinos de la ciudad se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar”, lamentó.

El representante socialista recordó que los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al Ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social. Tras recibir dicha valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan Individual de Atención. Después, el Ayuntamiento negocia el PIA definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo a la Generalitat para que determine y reconozca qué servicios debe prestar cada administración.

Such informó de que, de acuerdo con las cifras suministradas por el equipo de gobierno municipal en respuesta a unas preguntas presentadas al pleno de diciembre, la Generalitat ha registrado 16.231 solicitudes, de las que sólo ha remitido al Ayuntamiento 11.449 para que realice el informe de entorno social. A su vez, el consistorio ha realizado sólo 10.491, con lo que existe un atasco en los servicios municipales de 958 solicitudes. De los 10.491informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento a la Generalitat, la Generalitat sólo ha remitido 6.893 propuestas de planes individuales de atención, de las que el consistorio ha negociado con los interesados 5.932.

“El empecinamiento de Camps y Barberá en la obstaculización de la Ley de Dependencia priva a miles de valencianos de las ayudas y prestaciones previstas por el Gobierno de España”, lamentó el concejal, quien atribuyó la situación a “las pocas facilidades dadas por el Ayuntamiento para presentar la solicitud, la desidia de la Generalitat y la escasez de técnicos en los servicios sociales municipales”. “Exigimos que refuerce la plantilla y presupuesto de los servicios sociales y que exija a Camps que desbloquee la aplicación de la ley”, afirmó el edil.



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