Barberá subasta para vivienda de renta libre un suelo municipal destinado a la construcción de VPO

La Junta de Gobierno Local del 9 de marzo de 2007 acordó aprobar el pliego de condiciones para la enajenación de un solar público del patrimonio municipal, situado en la calle del Poeta Fernández Heredia junto al parque de Marxalenes.

El solar dispone de una edificabilidad de 4.060 m2 techo, que permiten construir en torno a las 50 viviendas, en función del tamaño. La subasta de este solar se decidió en Junta de Gobierno Local del 8 de junio pasado, adjudicándose a la mercantil Gesfesa Valencia S.L. por un importe de 4.395.000 euros.-

La Alcaldesa, y por supuesto el Gobierno Municipal del Partido Popular en su conjunto, conocen perfectamente la legislación que establece el fin social del patrimonio público, y por tanto, son conocedores que dicho solar debe destinarse a la promoción de vivienda pública, para garantizar el artículo 47 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a facilitar a sus ciudadanos el acceso a una vivienda digna, y a adoptar las medidas necesarias para evitar la especulación del suelo.

A pesar de ello, surge este nuevo atrevimiento, desafiando al régimen jurídico que protege esta finalidad social del suelo público, y se opta por lo que se conoce como “hacer caja”, es decir, vender el suelo al mejor licitador, para que construyan vivienda de renta libre, en lugar de facilitar a los valencianos, principalmente a los jóvenes, una vivienda adecuada.

Y todo esto, además, se hace siendo conocedores, tanto la Alcaldesa como su equipo de gobierno, de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación a una subasta realizada en los mismos términos para un solar de la Avenida de Francia. El alto tribunal, resuelve la demanda presentada en su día por el Grupo Municipal Socialista, y ha condenado al Ayuntamiento de Valencia por su mala práctica despilfarradora del suelo público, anulando la subasta y obligándoles a ingresar en los presupuestos la cantidad recibida para que sea destinada a la promoción de vivienda pública.

Con esta nueva subasta, el gobierno municipal desoye al alto tribunal y se expone a una nueva sentencia condenatoria, ya que los servicios jurídicos del Grupo Municipal Socialista acaban de presentar la correspondiente DEMANDA ante el TSJCV.

El concejal socialista González Móstoles presentará una moción en la próxima sesión plenaria para que la Alcaldesa deje sin efecto la subasta, lo que posibilitaría poner en primer lugar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, y por otro lado, evitaría que nuestra ciudad se situara en cabeza entre las más condenadas por el Tribunal Supremo por no ajustar sus decisiones a las normas jurídicas.

Esta forma de actuar del gobierno municipal del PP evidencia un modelo de ciudad y un modelo de gestión obsoleto y en absoluto preocupado por el bienestar de sus ciudadanos.

Precisamente, el PSPV incluyó en su programa de barrios un destino social para esta parcela, y nos comprometimos a la construcción de vivienda protegida en el mismo (página 15 de nuestro programa de barrios). En caso de haber contado con la confianza de los ciudadanos, hubiéramos dejado desierto el procedimiento de enajenación. Al no haber sido así, estamos ejerciendo la oposición a esta subasta, presentando la demanda en los tribunales para que sean éstos quiénes anulen la subasta y pongan las cosas en su sitio.

Para el edil socialista, se ponen de manifiesto con rotundidad y claridad dos modelos de ver la ciudad; dos modelos contrapuestos de priorizar los derechos públicos frente a los negocios privados; dos modelos de gestión a la hora de abordar los asuntos que afectan a los vecinos.

Para González Móstoles, garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, va a ser uno de los ejes centrales de nuestra política de oposición.